Thursday, October 11, 2007

LA NOTICIA DESDE CATALUNYA


EN DEFENSA DE LOS MÁS NECESITADOS


Un centro benéfico emblemático de la ciudad de Barcelona, en proceso de total degradación
La "Casa la Caridad" de Barcelona, un asunto grave y escandaloso de expolio
Antoni Ferret
La Casa de Caridad ha sido durante cerca de 200 años un centro benéfico emblemático de la ciudad de Barcelona, hoy en proceso acabado de desvirtuación. Fue creada en 1802 por una Real Orden del rey Carlos IV y, mediante una conjunción de iniciativa privada e intervención pública, ha llevado a cabo una tarea continuada de acogida y de formación profesional de gente pobre, sobre todo en el caso de huérfanos. Si nos situamos en una fecha simbólica, como 1950, podremos describir la realidad y la actuación del centro a lo largo del medio siglo anterior, antes de los cambios que experimentaría durante los años siguientesLa Casa de Caridad desarrollaba su acción asistencial en tres espacios o instalaciones. Uno, en el edificio de la calle Montalegre (casco antiguo de Barcelona), donde antiguamente estuvo el seminario, edificio contruido a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en distintas fases, y objeto más tarde de ampliaciones y mejoras o adaptaciones. Dos, en la finca conocida como Casa Tarrida, en el barrio barcelonés de Horta, desde 1902. Tres, en la llamada Torre dels Frares (Torre de los Frailes), del Valle de Hebrón (noroeste de Barcelona), desde 1915. Esta finca sería ampliada en 1955 merced al donativo de la familia Mundet, y pasaría a llamarse Llars Mundet (Hogares Mundet).
La Casa de Caridad acogía huérfanos, hijos de familias numerosas, impedidos, ancianos y otros tipos de personas necesitadas. La cifra de los asistidos osciló en diferentes fechas alrededor de las 2.000 personas. La formación profesional de los jóvenes se llevaba a cabo en escuelas-taller, y las más importantes fueron la imprenta, los talleres textiles y de género de punto y la sastrería. La imprenta, especialmente, tenía un alto nivel técnico y un gran prestigio, y los aprendices que salían de ella eran bien cotizados en las imprentas barcelonesas.
Esta actuación asistencial se había nutrido de varias fuentes de recursos, como beneficios de loterías, donativos, el rendimiento de los propios talleres y las rentas del patrimonio que se había ido formando con legados testamentarios, especialmente casas urbanas de alquiler (31 casas en 1964).
La gestión dependía de una Junta de Gobierno de carácter ciudadano, o sea privada, aunque desde siempre había sido presidida por una autoridad, primero el capitán general, después el presidente de la Diputación, durante la República un delegado de la Generalitat y después de la guerra otra vez el presidente de la Diputación.
Sin embargo, alrededor de 1950, probablemente como resultado del exceso de necesidades sociales de los años de posguerra, acaeció que los recursos propios de la Casa de Caridad resultaron insuficientes, y la Diputación tuvo que añadir dinero de su presupuesto. Como resultado, en 1954, una resolución ministerial definía la Casa de Caridad como entidad de beneficiencia pública, abolía la Junta de Gobierno ciudadana y ponía el establecimiento bajo el control total de la Diputación de Barcelona.
A lo largo del siglo XX se había ido desarrollando otro proceso de cambio. Los dos nuevos espacios, más amplios y situados hacia las afueras de la ciudad, permitieron una ampliación y una descongestión de los servicios.
Se tendió a trasladar personas acogidas y funciones hacia los nuevos centros, sobre todo a la población infantil, por las mayores posibilidades de vida sana al aire libre, posibilidades de campos de deporte, etcétera. En el año 1957 culminó el traslado de la población asistida de la calle Montalegre a las Llars Mundet, y en un documento de 1968 se recomendaba el traslado a los nuevos edificios de los talleres y la totalidad de los servicios así como del personal que los aseguraba, y dejar tan sólo en el antiguo edificio la imprenta.
A partir de este momento, por desgracia, no podemos seguir la evolución de una manera documentada, porque la Diputación se resiste a facilitar datos y, por otra parte, no permite la libre consulta del archivo de la Casa de Caridad hasta que pase un cierto número de años respecto al período sobre el cual se quiere consultar.
Sabemos, pero sin poderlo precisar con exactitud, que a lo largo de los años setenta y ochenta la población acogida en la Casa de Caridad disminuyó fuertemente, hasta quedar reducida a alrededor de un centenar o poco más de ancianos. Las causas de este descenso son varias, como aumento del bienestar, mejores pensiones de jubilación y la política de la Generalitat de acoger los niños y niñas huérfanos en casa de familia.
Ahora bien, al mismo tiempo que desaparecían ciertas necesidades, surgían otras nuevas: la dinámica de la crisis económica y social de aquellas décadas, unida a fenómenos de desestructuración familiar, creaba nuevas formas de pobreza y necesidad: parados crónicos, personas sin techo, marginados... Y la Administración (en este caso la Diputación de Barcelona) no supo ver, o no quiso ver, que las necesidades no desaparecían sino que se transformaban siempre.
Insensible y sin sentido alguno de la realidad, la Diputación ha ido dedicando los edificios de la Casa de Caridad a finalidades culturales: Universidad, en un caso, y Centro de Cultura Contemporánea, en otro. Como es natural, no tengo objeción alguna que oponer a las mencionadas finalidades, pero si estos edificios eran un patrimonio de los pobres, por su origen y sus repetidas definiciones legales, y si en Barcelona se calcula que hay unas dos mil personas sin techo, viviendo en la calle, entre habituales y ocasionales, parece que el sentido común dirá a todo el mundo que el alojamiento de estas personas debiera ser un objetivo prioritario en relación a los espacios de la Casa de Caridad o bien, alternativamente, que la Diputación de Barcelona debe dedicar cualquier espacio equivalente al mencionado objetivo. A pesar de ello, los malos vientos de reacción antisocial y antihumanista que tenemos la desgracia de soportar y el tradicional inmovilismo de la Administración hacen muy difícil que esta conveniencia sea oficialmente reconocida.
Ahora bien: si algún sindicato o alguna entidad popular, como por ejemplo una Asociación de Vecinos o la Federación de Asociaciones (FAVB), se atreviese a plantear la cuestión por la via judicial, probablemente habría muchas posibilidades de que la Diputación de Barcelona fuese obligada a restituir estos bienes a un uso asistencial o, alternativamente, dedicar a este uso otros edificios equivalentes. Ésta es mi invitación y declaro sin ambages que ha sido el motivo y la intención de mi artículo.
Tan sólo me queda agradecer al padre Joan Albiol (sacerdote educado en la Casa de Caridad por su condición de huérfano) su valiosa colaboración en datos y documentos. Suya fue la idea de este artículo y sin su ayuda no se hubiera podido escribir.
Tras varios fracasos en nuestra ciudad y en nuestra lengua, quizás ahora podamos cumplir nuestro deseo de verlo publicado.
OBCAT

PRIORATO GENERAL DE ESPAÑA
ORDEN BONARIA